A raíz del reciente fallo del Tribunal Constitucional en el que se reconoce la inconstitucionalidad de la Orden 1363/1997 de la Comunidad de Madrid, cuyo artículo 3 establece como límite los 60 años para que las personas con discapacidad intelectual puedan acceder a un recurso residencial especializado, la Junta de Extremadura va a poder modificar con todas las garantías jurídicas la actual normativa que regula dicho acceso. El tribunal declara que dicha disposición vulnera el derecho fundamental de la persona a no ser discriminada por razón de edad y de discapacidad.

 

De esta forma, el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD) va a eliminar la restricción de ingreso en un centro residencial especializado a personas mayores de 60 años con discapacidad intelectual.

 

Ante la decisión de la Junta de Extremadura, la plataforma de la discapacidad muestra su satisfacción e insta al resto de comunidades autónomas que mantienen regulaciones limitativas de servicios sociales por razón de edad, a revisar con urgencia sus normativas y a acompasarlas con los tratados internacionales ratificados por España, como la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

 

CERMI Extremadura recuerda que para las personas con discapacidad que han elegido en virtud de su derecho a decidir cómo y dónde vivir un medio o entorno residencial, la edad no puede ser un elemento que las expulse de esos servicios.